Varias entidades, a través de un comunicado conjunto, reconocieron las ventajas y beneficios del Decreto 806 del 2020, que implementó las TIC para fortalecer el acceso a la justicia, además de propender por su eficacia, flexibilización, oportunidad, modernización, transparencia y economía. Por ello, consideran que la extinción de las normas constituiría un retroceso para el país y generarían una crisis en la administración de justicia.

Lo que pretenden por medio del documento es recomendar la incorporación definitiva a la legislación colombiana del 806 para permitir el otorgamiento de poderes, recepción de demandas y memoriales, realización de notificaciones y conformación de expedientes por medios digitales, práctica de audiencias y pruebas de manera virtual por regla general y, además, para realizar todas las actuaciones procesales con ayuda de la tecnología, porque garantiza el debido proceso, la publicidad y la contradicción y respeta plenamente los derechos fundamentales de las personas con dificultades tecnológicas, como lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia C-420 del 2020. 

Para lograr lo anterior, se solicita a las autoridades desarrollar los programas necesarios para materializar el derecho humano de acceso al internet, como servicio público esencial y universal, de tal forma que se asegure la cobertura para todos los habitantes del territorio nacional. Finalmente, se pide a todas las ramas del poder público coordinar esfuerzos con el fin de que esta ley se tramite con mensaje de urgencia y se sancione antes del 4 de junio de 2022, fecha límite de vigencia del Decreto 806. 

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