(Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia 25000231500020200133101 (AC), 06/18/2020 )

Una reclusa interpuso una acción de tutela en contra de varias entidades, entre ellas el INPEC, la USPEC y la Cárcel El Buen Pastor, solicitando la protección a sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. Lo anterior mediante la concesión de la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la domiciliaria, con el fin de “prevenir un contagio masivo de covid-19 al interior del centro de reclusión”, ante la insuficiencia de medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través del Decreto 546 del 2020. El Consejo de Estado decidió en sede de impugnación confirmar la sentencia de primera instancia, la cual declaró improcedente el amparo solicitado e instó a las entidades concernientes a proveer los elementos necesarios para disminuir el riesgo de contagio dentro de los establecimientos carcelarios. La Corporación observó que la accionante cuestiona el contenido del decreto, el cual es un acto de contenido general, sin acreditar que la aplicación de dicha norma derive en un perjuicio irremediable en sus derechos fundamentales. En este entendido, “para habilitar el estudio de fondo frente al acto general, la parte actora debía demostrar que el acto general causaba un riesgo inminente frente a derechos fundamentales. Sin embargo, esas situaciones no se encuentran probadas, pues, en principio, las medidas adoptadas en el Decreto 546 del 2020 resultan razonables y proporcionales” (C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez).

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