¿Municipio debe responder por muerte de menor de edad ocasionada con motocicleta de su propiedad?

¿Municipio debe responder por muerte de menor de edad ocasionada con motocicleta de su propiedad?

Este caso se generó por una demanda de reparación directa por la muerte de un niño de siete años que fue atropellado por una motocicleta de propiedad de un municipio. Se argumentó la falta de mantenimiento y señalización de la vía y el desarrollo de la actividad peligrosa de conducción. En primera instancia se negaron las pretensiones y al estudiar el caso en apelación la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que el obstáculo en la vía fue imprevisible e irresistible para el conductor de la moto, porque al tomar la curva de manera sorpresiva subió sobre un montón de bananos y no alcanzó a frenar y atropelló al menor. Sin duda, ese hecho intempestivo hizo que el conductor perdiera el control de la moto y la posibilidad de reacción respecto de las personas que estaban a su alrededor. En consecuencia, el hecho del tercero fue la causa exclusiva y determinante en la producción del daño. Por otra parte, la Sala...
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El Estado es responsable ante el exilio de personas amenazadas

El Estado es responsable ante el exilio de personas amenazadas

El deber de protección y seguridad por parte de la fuerza pública no requiere solicitud expresa, pues las autoridades que por algún medio obtienen conocimiento o infieren una situación de riesgo inminente están en la obligación de ejecutar el deber positivo de protección y seguridad. En consecuencia, para que proceda la declaratoria de responsabilidad debe acreditarse que la entidad tuvo conocimiento de las amenazas o situación concreta de riesgo. En el caso concreto se demostró que la entidad demandada conocía las amenazas y la situación de riesgo de la demandante y, pese a ello, no adoptó las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de ella y de su familia para que ejerciera su cargo como Juez Penal Militar de forma libre y sin presión. Así, el daño resultó imputable a la entidad, pues el desconocimiento del deber de seguridad y la desprotección de que fue objeto la juez motivó el exilio forzado del grupo familiar ante el...
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Medida de restablecimiento del derecho al buen nombre es una expresión propia de la justicia restaurativa

Medida de restablecimiento del derecho al buen nombre es una expresión propia de la justicia restaurativa

(Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia 76001233100020080087301 (47490) - 5/28/2020) Al resolver un recurso de apelación, dentro de una acción de reparación directa sobre la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la Sección Tercera del Consejo de Estado explicó que toda privación trae consigo una intensa vulneración al derecho al buen nombre de quien la padeció. En efecto, el ejercicio del ius puniendi del Estado se sustenta en la confianza legítima de toda la población que lo acata porque presume su corrección. Por ello precisó que la captura y detención del accionante le generó un daño consistente en el menoscabo en su reputación y la afectación de su imagen en su entorno social. Además, consideró que la adopción de una medida de restablecimiento del derecho al buen nombre es una expresión propia de la justicia restaurativa impuesta a todo funcionario judicial, con la que se busca volver las cosas al estado anterior a la ocurrencia del hecho...
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Contratistas del Estado cuya labor es presencial ya pueden ejecutar las labores aplazadas por la emergencia

Contratistas del Estado cuya labor es presencial ya pueden ejecutar las labores aplazadas por la emergencia

(Departamento Administrativo de la Función Pública, Concepto 580541, 02/08/2021 ) El artículo 16 del Decreto 491 del 2020, sobre actividades que cumplen los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, prevé que aquellos contratistas cuyas obligaciones solo se puedan realizar de manera presencial continuarán percibiendo el valor de los honorarios durante el período de aislamiento preventivo obligatorio, previa verificación de la cotización al Sistema General de Seguridad Social, sin perjuicio de que, una vez superados los hechos que dieron lugar a la emergencia sanitaria, cumplan con su objeto y obligaciones en los términos pactados en sus contratos. No obstante, precisó el Departamento Administrativo de la Función Pública, el país pasó de esa fase a la de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable, por lo que actualmente los contratistas pueden ejecutar las obligaciones contractuales de manera presencial. Cabe agregar que con la expedición de la normativa en el marco de la emergencia sanitaria no se modificaron las...
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