Procesalmente no hay instituciones o medios judiciales que le impongan impulso a proceso judicial detenido

Procesalmente no hay instituciones o medios judiciales que le impongan impulso a proceso judicial detenido

(Corte Constitucional, Sentencia SU-333, 08/20/2020 ) La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz, y el respeto a los términos procesales debe ser perentorio y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales, por lo que el incumplimiento injustificado acarrea sanciones disciplinarias, precisó la Corte Constitucional por medio de una sentencia de unificación. De igual forma, advirtió que procesalmente no se han previsto instituciones o medios judiciales que permitan imprimirle impulso al desarrollo de un proceso que se encuentra detenido. Por ejemplo, el Código General del Proceso prevé hipótesis en las cuales un sujeto procesal puede presentar memoriales para alterar el orden del reparto y agilizar el avance del proceso. Sin embargo, en respuesta a dichas peticiones es necesario un nuevo pronunciamiento que también puede ser objeto de demora. En tal sentido, el juez de tutela debe tener en cuenta que, en ocasiones, la dilación injustificada no es atribuible a una conducta caprichosa o arbitraria del funcionario judicial....
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¿Grabaciones elaboradas por un particular, sin orden judicial, pueden tener validez?

¿Grabaciones elaboradas por un particular, sin orden judicial, pueden tener validez?

(Consejo Superior de la Judicatura, Sentencia 11001110200020140572701, 03/04/2020 ) La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó una sentencia proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, que sancionó disciplinariamente a un auxiliar de la Justicia (liquidador) con multa de 50 salarios mínimos mensuales vigentes e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este por el término de 15 años. Lo anterior por la realización de las conductas punibles del artículo 405 (cohecho propio), puesto que para el Código Penal son servidores públicos los particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria. Así las cosas, estas acciones configuraron la falta gravísima contemplada en el artículo 55 numeral 1 de la Ley 734 del 2002. En el caso concreto, la corporación explicó que las grabaciones elaboradas por un particular, sin orden judicial, pueden tener validez en un proceso siempre que se realicen por parte de la víctima. Y...
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